Cambio de gobierno
por J. A. Hormigón
El jueves día 26 de marzo en el Palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno, tuvo lugar el acto de entrega de la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio al actor Manuel Alexandre por parte del Presidente, José Luis Rodríguez Zapatero. Estuvieron presentes los entonces ministros de Educación y Cultura, Mercedes Cabrera y César Antonio Molina, junto a otros cargos de entorno presidencial y medio centenar de invitados. De todo ello damos cuenta en las páginas que siguen.
Aquel encuentro se desarrolló en un clima afable y amistoso. Nada hacía presumible que ambos ministros no disfrutaran de la confianza del Presidente en el ejercicio de sus funciones. Tuve ocasión de mantener una breve conversación con César Antonio. Le dije que aunque sabía que estaba muy ocupado, me parecía importante que nos viésemos para hablar de unas cuantas cosas. Me respondió que era cierto, que tenía una agenda repleta, pero que íbamos a reunirnos en breve. A la salida del Palacio yo estaba con Helena Pimenta y vino hacia mí para despedirse. Me repitió: "Te llamo y nos vemos pronto".
Días después, el viernes 3 de abril, telefonearon desde su secretaría y me dieron cita para el 6 de mayo, "porque la agenda de abril estaba completa". El lunes 6 de abril salí de Madrid con Luis de Tavira, director de la Compañía Nacional de Teatro de México. Nos recluíamos para hacer juntos un trabajo de adaptación. La mañana del martes recibí una llamada: "Pon la televisión, ha habido cambio de gobierno y están hablando de los nuevos ministros. Han quitado al de cultura".
A los pocos minutos supe que la nueva ministra era la señora González Sinde, presidenta de la Academia de cine. Horas más tarde que el ex-ministro de Cultura se encontraba en El Cairo inaugurando una exposición en compañía del Embajador Antonio López, buen amigo mío, y que hubo que enviarle un avión militar para que al día siguiente pudiera entregar su cartera como mandan los cánones. La sorpresa inopinada debió ser mayúscula, cuando recibió una llamada en la capital egipcia comunicándole su cese.
La pregunta que surge de inmediato es ¿Por qué? Las razones que se apuntan parecen incidentales, aunque las tensiones surgidas a propósito del Instituto Cervantes puedan tener un calado de mayor envergadura. Las rabietas de un grupo de gentes del cine que constituyen un segmento privilegiado del medio, no podrían ser nunca razón suficiente. Un hombre que pretende ser ponderado, como el señor Rodríguez Zapatero, no se dejaría arrastrar por cuestiones tan superficiales y de simple apariencia o tacticismo barato. Entonces, volvemos a preguntarnos, ¿Por qué?
Nadie sabía nada ni nadie, en un plano institucional, ha sido preguntado, ignoro si alguien lo fue de modo personal. No tengo nada contra la nueva ministra a la que no conozco sino de nombre y a la que deseo, sinceramente, una buena gestión para bien de todos. Su actividad de guionista no parece sin embargo basamento suficiente a priori, para un cargo de dicha complejidad. Pesa en su contra en nuestro ánimo que el señor Rodríguez Zapatero nos obsequió en su primer gobierno, con aquel personajillo deplorable que fue Carmen Calvo: una ministra desastrosa en todos los órdenes que nos hizo perder tres años preciosos. Su simple recuerdo nos pone los pelos como escarpias.
Ciertamente el mundo de la cultura es más, mucho más que el cine. No se puede limitar a este campo el pensamiento cultural del Presidente del gobierno. Sería lesivo para el conjunto de los agentes culturales y para la ciudadanía. Por eso le pedimos que medite sobre lo que es un Ministro de Cultura. Nos sentimos zarandeados por este cambio que no comprendemos, que reduce tácitamente a la ciudadanía al vasallaje. Un gobierno democrático no puede hacer las cosas porque sí, ni pensar en la eliminación de este Ministerio como si fuera cosa de nada.
No obstante debo subrayar una vez más que mucha culpa la tenemos las gentes de la cultura, que no adoptamos actitudes consecuentes para articular formas de organización que dignifiquen a quienes trabajan en los diferentes campos, garanticen su integridad conceptual y desarrollen la conciencia cívica de la población. Todos los que se dedican al halago banal y la adulación servil en aras de sus intereses particulares, son los peores enemigos del gobernante y de la democracia. Desgraciadamente, nuestro país tiene una larga tradición de conductas similares. Pero la modernización y el desarrollo democrático no consisten tan sólo en construir grandes infraestructuras, ni en alcanzar apariencias de confortabilidad, sino en cambiar actitudes y comportamientos de quienes ocupan cargos públicos, y en esto nos queda mucho camino que recorrer.
Sería importante que el Presidente del Gobierno de hoy y también los que el futuro nos depare, hablaran con entidades y personas responsables sobre la cultura y su sentido, para que no se vea reducida a pura mercancía y a numerales económicos. Que abriera sus ojos a un paisaje más amplio que el del cine. No hacerlo nos acarreará una marcha paulatina hacia la mediocridad y el medro de los aduladores. Él decide y a él deberemos pedir cuentas.
¿Qué teatro privado?
por Antonio Urzainqui
La crisis económica y su incidencia en las actividades escénicas, ha traído aparejada la aparición de algunos profetas de las soluciones atávicas, servidas como novedades y ajenas a los comportamientos habituales en Europa. Todos parecen alabar las virtudes del mercado, hablan del teatro como mera mercancía, plantean la externalización de funciones de los teatros de carácter público, etc. Es evidente que por lo que toca al último punto, lo que se esconde es un modo de apropiarse de los recursos; la excusa: salvar los problemas de funcionamiento laboral que derivan de unos convenios firmados en su día por políticos incompetentes e irresponsables.
El señor Xavier Marcé que tiene un mercado en la cabeza, portavoz estratégico de la empresa catalana Focus, se explaya en las páginas de una publicación dedicada a ofrecer informaciones y publicidad de espectáculos disponibles, en la defensa de un mercadeo escénico de corte neoliberal. No excluye en su exégesis que se eliminen compañías por asfixia o quizás porque no queden bajo la égida de su grupo, nunca en aras de solvencia y calidad contrastada de sus trabajos. El teatro como expresión artística no existe para ellos, tan sólo la condición de mercancía a la que se le reduce y la venta que genere. Sus opiniones no pasarían de eso, si no fuera porque oficia de asesor de entidades decisorias públicas gubernamentales, lo cual hace que sus planteamientos adquieran una entidad de envergadura mayor. Son como el licor que Claudio destila en el oído de su hermano, el viejo Hamlet.
¿Pero de qué mercado hablamos? ¿Cuál es el paisaje soñado para los defensores de dicha opción, en apariencia de estricta observancia? ¿Hablan realmente de mercado o de otra cosa que tiene ese aspecto pero que está muy lejos de serlo? Un suceso reciente arroja cierta luz sobre la cuestión.
El Teatro Zorrilla de Valladolid, propiedad de la Diputación vallisoletana, se ubica en la planza central de la urbe, frente al Ayuntamiento. Su estado deplorable aconsejó su restauración integral. Se demolió íntegramente en su interior para rehacerlo. El resultado ha sido una nueva Sala Principal de 532 localidades y una Experimental de 60. A ello hay que añadir una serie de espacios como vestíbulo, cafetería, salas de reuniones, oficinas y una biblioteca. Se trata en definitiva, cuando se concluya, de un teatro a estrenar.
La Diputación ha decidido ceder mediante contrato una parte de las instalaciones a una empresa privada para que lleve a cabo su gestión, programación y explotación. Dos documentos determinan las condiciones, características y procedimiento de selección de la empresa agraciada. El primero es el "Pliego de cláusulas administrativas para la contratación de la gestión y explotación del teatro Zorrilla"; el segundo el "Pliego de prescripciones técnicas". De ambos extraemos los datos que seguidamente se ofrecen.
En síntesis, las cláusulas del contrato determinan que la empresa adjudicataria deberá proponer una "programación variada, destinada al público en general". No existe ninguna cualificación específica de la misma, sino que se refiere a "representaciones teatrales, espectáculos de danza, audiciones musicales, proyecciones cinematográficas y cualesquiera otros de naturaleza análoga". Se hace tan sólo una mención a que se valorarán "los espectáculos dirigidos con fines didácticos al público infantil”. De hecho la empresa que ha obtenido la concesión propone en su programación obras protagonizadas por Pedro Ruiz y Arturo Fernández, por ejemplo.
Sí establece los mínimos en cuanto a "tipos de espectáculos" en la Sala Principal: dos de danza, tres audiciones musicales, cinco teatrales, uno de teatro lírico y dos infantiles por año. No parece un requerimiento muy exigente en verdad. De hecho, nuevamente la empresa adjudicataria ha propuesto cuatro veces más películas, veinticinco, que actuaciones teatrales, seis.
El adjudicatario, leemos, "garantizará la programación de un mínimo de 100 días al año", de los cuales 60 al menos deben realizarse en la Sala Principal. El plazo del contrato es de 23 meses, prorrogable por otros tantos en las mismas condiciones. Por todo este servicio, utilicemos este lenguaje dadas las circunstancias, la Diputación pagará 1.341.666,59 euros (un millón trescientos cuarenta y un mil seiscientos sesenta y seis euros con cincuenta y nueve céntimos), IVA incluido. Además la empresa explotadora de la concesión, retendrá el importe íntegro de los ingresos de taquilla. Estos son los aspectos básicos de los documentos citados, que contienen muchos otros aspectos relevantes que son accesibles para su lectura en internet.
A la adjudicación de este contrato para la "explotación" del Teatro Zorrilla, se han presentado cuatro empresas: Iniciativas Teatrales de Enrique Cornejo, FOCUS-Pentación Valladolid, Esarte SL y Cinegar SL; Barranco Producciones junto a Rayuela Producciones y Teatro del Azar; y Plural Multimedia y Ocio SL de Enrique Salaverría. La puntuación mayor la obtuvo la empresa de Enrique Cornejo, 95'58 puntos sobre 100. Unos y otros hablan de irregularidades o de las características nada halagüeñas del proyecto presentado por la empresa adjudicataria, pero esas cuestiones toca dirimirlas a las otras empresas contendientes, a los agentes teatrales de la ciudad, a los diputados provinciales de la oposición, al periodismo de investigación o a los electores en próximos comicios. Allá cada cual con sus responsabilidades.
A nosotros no nos preocupa cómo se conceden estas prebendas disfrazadas de contrato, sino el principio que pretende justificarlas. Esto no es mercado en su acepción más elemental sino la facilitación de un negocio privado con dinero público, algo de lo que tenemos sobrados ejemplos en los anales oscuros de nuestro país. Eso sí, expresa y define sobre todo lo que entiende por política cultural la Diputación de Valladolid. Como conclusión evidente ejemplifica la ausencia de compromiso con una cultura pública, que priorice la calidad artística y su dimensión cívica creadora de conciencia democrática.
Con el monto de lo que dicha institución destina a este contrato, podría crearse una entidad pública teatral, regida por criterios culturales específicos, orientada hacia públicos diversos, que asentara puestos de trabajo para los profesionales de la escena y articulara un discurso que la definiera. Una entidad pública teatral que tuviera una autonomía responsable en su funcionamiento y estuviera regida por los principios de buenas prácticas que ya ha aprobado el Ministerio de Cultura. Que no fuera un juguete para el capricho o el halago de los políticos, sino un espejo cultural para la ciudadanía.
Entre tanto, vemos con estupor cómo se entrega un millón trescientos mil euros de dinero público -el de los vallisoletanos en esta ocasión-, a un empresario, a lo que se añade el monto de la taquilla al completo, para que programe un teatro de propiedad igualmente pública sin criterios precisos. Esto no se ve, puedo asegurarlo, en ningún país europeo. Aquí unos cuantos mienten y lo ocultan, porque no son los intereses generales de la cultura lo que les mueve, sino el de los suyos particulares y sus negocios. Por eso en estas cosas somos el hazmerreír, digan lo que digan y se jaleen cuanto quieran.
Un agravio bien elocuente
por Laura Zubiarrain
Desde hace años la Dirección General de Cooperación Cultural contemplaba en sus programas de ayudas a diferentes organizaciones de las artes escénicas. En todos los casos el principio rector consistía en que sus actividades favorecieran la integración y cohesión entre los diferentes territorios autonómicos, en el ámbito específico que les correspondiera.
Este año las cosas han seguido un derrotero muy diferente. La nueva Dirección General de Políticas e Industrias Culturales ha reducido a cero, salvo para la Federación y Unión de Actores, la Asociación de Autores de Teatro (Salón del Libro) y los encuentros de TE Veo, a quienes ha correspondido 10.000, 5.000 y 8.000 euros respectivamente, todas las partidas. Las entidades afectadas por el drástico recorte, han elaborado una carta conjunta dirigida a la ministra, en la que exponen los hechos y recavan una respuesta acorde y consecuente.
El interés de dicho documento nos lleva a reproducirlo al final de este escrito. Sobre todo porque las cifras que allí se contemplan muestran de forma descarnada el agravio y notable injusticia padecidos por la ADE a lo largo de los cinco últimos años, por parte de quienes detentaron la toma de decisiones de dicha Dirección General.
Todo comenzó en 2004. Pocos días después de que tomara posesión el nuevo gobierno sustentado por el PSOE, esta casa recibió el primer golpe de fortuna: la exigua cantidad de 12.000 euros que la ADE recibía de Cooperación en la legislatura precedente, fue reducida a la mitad, 6.000. El Secretario General escribió una extensa carta argumentando el sentido de cohesión interautonómica que la entidad desarrollaba, a lo que el señor Alberdi, director general por aquel entonces, respondió con las consabidas frases y el bla, bla, bla acostumbrado y sobradamente conocido. Todo esto se comunicó igualmente a la directora general de Educación y Cultura de Presidencia del Gobierno, María Fernanda Santiago, que, a la vista está, nada hizo o pudo hacer.
Desde entonces, la ADE recibió año tras año de Cooperación Cultural la misma cantidad, contando sin duda con la connivencia del entonces director general del INAEM, Campos Borrego. Daba lo mismo cual fuera la naturaleza o entidad de nuestro trabajo. Pero no en todos los casos sucedía lo mismo. Otras entidades recibían cuantiosas sumas, algunas correspondían a tres conceptos diferentes.
Los cifras incluidas en la carta respecto al pasado ejercicio son bien elocuentes. Incluso se señala como en 2006, la Asociación de Autores de Teatro recibió 72.000 euros, setenta y dos mil. La ADE seguía siempre con sus 6.000.
A la vista de los datos recogidos, cualquiera podrá hacerse algunas preguntas. ¿Por qué el congreso de una entidad se ayudó con 24.000 euros y el de la nuestra con la cuarta parte? ¿Qué criterios se utilizaron para establecer la cuantía de las ayudas en cada caso? ¿Se tuvo en cuenta el trabajo desarrollado por las diferentes entidades para establecer el monto final? Cada quién establecerá las respuestas apropiadas. Nosotros por nuestra parte podemos aseverar con todo énfasis, que se produjo un agravio comparativo hacia la ADE que sólo se comprende por una persecución deliberada y un total desprecio hacia el trabajo que llevamos a cabo.
La ADE se ha sumado a la carta conjunta por razones tácticas evidentes, pero afirmamos igualmente que si se lograra abrir esta vía de ayudas, cosa que deseamos y precisamos, habría que adoptar criterios que establecieran las cuantías en función de la entidad del trabajo realizado y no del capricho o la venalidad de quienes las determinan. En eso estamos y esta vez todo lo haríamos de otra manera visto lo visto.
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Exma. Sra. Dª. Ángeles González-Sinde
Ministra de Cultura
CC.
Ilmo. Sr. D. Juan Carlos Marset
Director General
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
Ilmo. Sr. D. Guillermo Corral van Damme
Director General
Política e Industrias Culturales
En el mundo de la Cultura, es siempre una muy buena noticia saber que se toma en cuenta a la profesión a la hora de tomar decisiones de calado político y, sin lugar a dudas, su nombramiento es importante para las asociaciones sectoriales del gremio de las Artes Escénicas y Musicales, con lo que, antes que nada, reciba de nuestra parte la enhorabuena por el cargo y los mejores deseos para la aventura que comienza.
Sin embargo, el motivo de este escrito no es comunicarle una noticia agradable, sino hacerle partícipe de una situación importante de cara a la financiación de las entidades que representan a los agentes de nuestra industria.
Como ya conocerá, recientemente la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural del Ministerio de Cultura se reestructuró convirtiéndose en la Dirección General de Política e Industrias Culturales, con la transformación estructural y presupuestaria que eso implica.
Una de las modificaciones fue la convocatoria anual de subvenciones dirigidas a entidades sin ánimo de lucro. Desapareció el apartado de “formación de profesionales en la cultura” (en su modalidad de actividades docentes organizadas por entidades sin ánimo de lucro) y la de “acción y promoción cultural” redefinió sus “finalidades” adaptándolas a los nuevos objetivos de la Dirección General.
Tradicionalmente las asociaciones han financiado a través de estas ayudas, desde hace casi un par de décadas, sus actividades de carácter gremial (congresos, cursos de formación profesional, encuentros de creación, premios, homenajes, celebraciones, etc.).
En la edición 2009 de las ayudas de “acción y promoción cultural” uno de los párrafos del preámbulo dice:
“Dentro de las medidas previstas se persigue reorientar los sistemas de ayudas y subvenciones del Ministerio de Cultura hacia nuevos instrumentos de financiación que fomenten la actividad emprendedora.
Una parte importante, dentro del proyecto de desarrollo de la industria cultural, lo constituyen las Fundaciones y Asociaciones, que son las principales beneficiarias de este tipo de ayudas.”
Una vez resueltas las ayudas, en la práctica esa “medida” se tradujo en cifras como las siguientes:
Acción y Promoción Cultural |
2008 |
2009 |
A.C. Coordinadora de Salas Alternativas (XIV Congreso) |
24.000€ |
0€ |
A.C. Coordinadora de Salas Alternativas (Encuentros de Creación) |
24.000€ |
0€ |
A.C. Coordinadora Estatal de Salas de Música en Directo (Congreso) |
12.000€ |
0€ |
A.C. Federación de Actores (Congreso Federación) |
9.000€ |
0€ |
A.C. Federación de Actores (Congreso Habla Hispana) |
15.000€ |
5.000€ |
A.C. Por la Danza (Gala) |
10.000€ |
0€ |
A.C. Por la Danza (Revista) |
6.000€ |
0€ |
A.C. Por la Danza (Trasdanza) |
15.000€ |
0€ |
A.C. Unión de Actores (Premios) |
20.000€ |
0€ |
A.C. Unión de Actores (Revista) |
7.000€ |
5.000€ |
A.C. Autores de Teatro (Salón del libro) |
10.000€ |
5.000€ |
A.C. Autores de Teatro (Lectura) |
5.000€ |
0€ |
A. Directores de Escena (Congreso) |
6.000€ |
0€ |
A. Teatro para la Infancia y la Juventud (participación congreso) |
10.000€ |
0€ |
A. Teatro para la Infancia y la Juventud (participación congreso) |
10.000€ |
0€ |
A. TE VEO (Encuentros) |
20.000€ |
8.000€ |
O. Sindicatos de Actores y Actrices del Estado Español (Revista) |
10.000€ |
0€ |
Formación de Profesionales en la Cultura (docencia no convocada en 2009) |
2008 |
2009 |
A.C. Por la Danza (Espacio Madrid) |
8.000€ |
0€ |
A.C. Unión de Actores (Curso) |
6.000€ |
0€ |
A.C. Unión de Actores (Curso) |
6.000€ |
0€ |
A.C. Autores de Teatro (Talleres) |
6.000€ |
0€ |
O. Sindicatos de Actores y Actrices del Estado Español (Seminario) |
6.000€ |
0€ |
|
|
|
|
Total 245.000€ |
Total 23.000€ |
A pesar de que estos datos no son elaborados porque simplemente están tomados de las concesiones publicadas en los BOES correspondientes (sin ir más lejos, en el caso de la Asociación de Autores de Teatro la reducción ha pasado de 72.000€ en 2006 a 0€ en 2009), y aún a sabiendas de que el Presupuesto del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música contempla “transferencias corrientes” a “familias e instituciones sin fines de lucro” a través de las cuales muchas de las entidades mencionadas reciben subvenciones nominativas, nos parece importante que usted conozca este dato. Si por un lado el Ministerio de Cultura pretende crear un dialogo intersectorial creando un Consejo Estatal de las Artes Escénicas y Musicales y por el otro estrangula económicamente a los agentes sociales, el resultado, si no un despropósito, es al menos un error.
A la luz de estos resultados, las Asociaciones y Federaciones del sector nos sentimos maltratados por la forma de aplicar los criterios desde la Dirección General de Política e Industrias Culturales, por lo que solicitamos se reconsidere este agravio.
Sin más, esperamos una pronta respuesta por la vía que considere pertinente.
Fdo.
Asociación Cultural Autores de Teatro
Asociación Cultural Coordinadora Estatal de Salas de Música en Directo
Asociación Cultural Coordinadora de Salas Alternativas
Asociación Cultural Federación de Artistas-FAEE
Asociación Cultural Por la Danza
Asociación Cultural Unión de Actores
Asociación de Directores de Escena de España- ADE
Asociación de Teatro para la Infancia y la Juventud- ASSITEJ
Asociación TE VEO Teatro para Niños y Jóvenes
Organización de Sindicatos de Actores y Actrices del Estado Español- OSAAEE
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Seamos realistas. Pidamos lo posible.
Por Manuel F. Vieites
Una Ley Orgánica para las enseñanzas artísticas superiores. La pedimos hace años, en estas mismas páginas, y hoy la volvemos a pedir, conscientes de que la convergencia de las enseñanzas artísticas superiores en el Espacio Europeo de Educación Superior, y en el Espacio Europeo de Investigación, sólo será posible a partir del momento en que estas enseñanzas abandonen el territorio de la Ley Orgánica de Educación, de la LOE. A partir del momento en que su coordinación se traslade, igualmente, al Ministerio que se ocupa de las otras enseñanzas superiores, las universitarias. No tiene sentido que la educación superior en España, la que debe converger en ese Espacio Europeo de Educación Superior, en tanto ofrece, por igual, titulaciones de grado y posgrado, se sitúe en dos ministerios diferentes: Educación, por un lado, y Ciencia y Tecnología, del otro.
Tampoco tiene sentido que unas enseñanzas que conducen a la obtención de títulos de grado y postgrado, con todo lo que ello implica en tantos ámbitos y en todo lo que afecta a tantos sectores, sigan ocupando el mismo espacio que otras enseñanzas que conducen a titulaciones previas, preparatorias en muchos casos, a esos estudios superiores. Se trata, en suma, de aplicar con lógica y rigor el principio de equivalencia e igualdad, en los derechos y en los deberes. Si las enseñanzas artísticas superiores se han de integrar en el EEES, como manda Bolonia, parece lógico que tengan el mismo tratamiento que aquellas otras enseñanzas que también se integran en el mismo EEES. Las enseñanzas artísticas superiores deben recibir el mismo tratamiento que las enseñanzas universitarias, lo que sólo será posible cuando se elabore una Ley Orgánica como la que en su día reclamamos, y que ahora, por fin, parecen estar considerando algunas personas en el Ministerio, dadas las dificultades que encuentran para promover unas enseñanzas situadas en el territorio de la educación secundaria o profesional.
Una Ley Orgánica que, en su espíritu y en su letra, debe decir lo mismo que la que regula las enseñanzas universitarias, situando en el mismo nivel derechos y deberes de todos los elementos implicados, desde los centros al profesorado y al alumnado. La cuestión es más fácil de lo que parece y hace bastantes años el profesor Antonio Embid Irujo elaboró un magnífico informe que sigue teniendo plena vigencia y validez. Proponía la elaboración de una Ley Orgánica específica para estas enseñanzas, en su ordenación; y en su organización proponía la creación de Institutos Superiores de Enseñanzas Artísticas, que acogerían los centros que ofrecen esas enseñanzas y que, en la práctica, vendrían a funcionar como facultades universitarias. En comunidades como Aragón o Valencia se crearon ese tipo de Institutos pero con un modelo diferente, muy alejado del informe Embid Irujo. En realidad, esos Institutos son unidades de gestión con un fuerte carácter político y escaso valor académico. Un Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas tiene que ser una institución académica; no puede ni debe ser una dirección general. Es éste un caso más de esa confusión frecuente entre gestión académica y gestión política, y los centros educativos deben estar gestionados por docentes, con independencia de que pueda y deba haber administradores o gerentes en un segundo nivel de organización. Con todo, las malas prácticas, que las hay, no deben ocultar un camino posible para orientar la propuesta en la dirección correcta y es que el dicho Instituto debe buscar su equivalencia en la Universidad, y organizarse como tal. El director de un Instituto Superior sólo cabe elegirlo en un proceso interno que implique a toda la comunidad educativa, de entre aquellas personas que hayan obtenido el máximo nivel académico en su carrera docente e investigadora, como ocurre con los rectores. Es decir, personas del cuerpo de catedráticos, con doctorado y con trayectoria probada en investigación y gestión.
En estos momentos, el Ministerio de Educación tiene dos compromisos ineludibles en relación con la convergencia de las enseñanzas artísticas superiores en el EEES, que debiera producirse en 2010. Y sería grave que no se produjese en 2010, por las implicaciones que pudiera traer. Para ello es necesario que publique, cuanto antes, un Real Decreto de Organización de las enseñanzas artísticas superiores y, de forma casi inmediata, los Reales Decretos con los contenidos mínimos de cada una de ellas. Luego serán las Comunidades Autónomas las que deberán desarrollar ambos decretos a fin de que en septiembre de 2010 todos los centros superiores de enseñanzas artísticas del Estado, sin excepción, inicien la implantación de las nuevas titulaciones, que en la práctica vendrán a ser titulaciones de grado, como las universitarias.
Esta es una tarea urgente, que se está demorando más de lo previsto y que incluso ha echado por tierra plazos anunciados y dejado sin valor palabras comprometidas. No se ha sabido gestionar adecuadamente esa situación y en esa mala gestión mucho ha tenido que ver la lucha interna que en el Ministerio se produce entre quienes todavía defienden la especificidad de estas enseñanzas, y menos mal, y quienes parecen proponer, o cuando menos desear, que las universidades ofrezcan esas titulaciones, lo que vendría a suponer la desaparición cierta de muchas escuelas superiores de diseño, restauración, danza, arte dramática y de no pocos conservatorios superiores de música.
Como es público y notorio, las universidades ansían las titulaciones que ofrecen los centros superiores de enseñanzas artísticas y no pasará mucho tiempo antes de que inicien una batalla abierta para lograr su implantación como estudios de grado. Los redactores de la Ley Orgánica de Educación fueron suficientemente perspicaces como para dejar puertas abiertas a esa posibilidad, al introducir en su disposición adicional vigésimo segunda una referencia explícita a ese posible contencioso de duplicidad de titulaciones, ante el que todos sabemos quien se llevaría la mejor parte, como la propia LOE propone. No daré nombres, que están en la mente de todos, pero en todo ese affaire ha tenido mucho que ver la tendencia del Partido Socialista a dejar en manos de reputados militantes o simpatizantes del Partido Popular áreas de gestión determinantes. Va a ser muy difícil poner coto a esa voracidad de la universidad, motivada por la necesidad de ampliar el margen de negocio y beneficio en unos casos, y en otros por la urgencia de conseguir docencia al precio que sea, para alimentar unas plantillas sobredimensionadas e infladas en tiempos de bonanza y gasto incontrolado.
El problema, con todo, no está en la universidad como institución, sino en unos modos de comportamiento que denotan hasta que punto una de las instituciones más necesarias sigue anclada en procedimientos, hábitos y conductas propias de tiempos pasados. Sobre todo el problema está en que la universidad, en función de esas malas prácticas, puede llegar a armar una titulación no tanto en función de una demanda del sector productivo sino en función de sus propias necesidades de conservación, y siempre con el plácet de una ANECA en la que no hay, precisamente, especialistas en estudios artísticos.
La única solución para salvaguardar la especificidad de las enseñanzas artísticas superiores y para garantizar una formación inicial acorde con las verdaderas necesidades de cada perfil profesional que demanda el sector de la creación y la difusión cultural, radica en crear un territorio propio para las mismas, a través de la antedicha Ley Orgánica. Hablo de garantizar una formación inicial acorde con las necesidades verdaderas del ejercicio profesional porque sabemos de las maniobras que se pueden llegar a producir entre el profesorado de la universidad con el único objetivo de hincar el diente en nuevas áreas de docencia. En el caso de arte dramática, por ejemplo, siempre cabrá el riesgo de convertir esos estudios en una rama de la filología, y ya hemos visto casos suficientes de titulaciones propias que se montan con la finalidad exclusiva de alimentar proyectos de organización docente en áreas deficitarias, o con docentes sobrantes.
El Ministerio de Educación, y el Gobierno de España, debieran actuar con diligencia y atendiendo las necesidades reales de los usuarios de los procesos de formación y las propias de un sector que precisa profesionales adecuadamente cualificados. Y para hacerlo así sólo caben dos líneas de actuación, y las dos urgentes: (1) dar los pasos necesarios para que los centros superiores puedan poner en marcha cuanto antes el nuevo currículo de grado e implantar estudios de postgrado, y (2) comenzar, DE INMEDIATO, la elaboración de una Ley Orgánica de las Enseñanzas Artísticas Superiores, que debe partir del principio básico de que las enseñanzas artísticas superiores se cursan en los centros superiores, que a su vez se agrupan en Institutos Superiores de Enseñanzas Artísticas, que deben funcionar como universidades y no como direcciones generales a la espera del político necesitado de puesto. Y no se soliviante ni se apresure la clase política por lo que de ella se piensa y se dice; más bien, haga por contemplar, con una cierta distancia, la solfa que está montando y actúe en consecuencia.
Estamos proponiendo, en efecto, que el Ministerio de Educación dicte una norma que no sólo se ocupe de la ordenación de las enseñanzas sino también de su organización, lo que afecta al carácter y organización de los centros en que se imparten y a las estructuras institucionales en que se agrupan. También debe ocuparse la norma del profesorado y del alumnado, de las infraestructuras y de los recursos, de los medios materiales y de los inmateriales, de forma que la equiparación sea, por fin y para siempre, a todos y cada uno de los efectos, en los derechos pero también en los deberes. El gobierno y las comunidades autónomas deben asumir ese compromiso necesario, como servicio a la ciudadanía, porque los que detentan responsabilidades de gobierno lo hacen por mandato de esa ciudadanía, y es a esa ciudadanía a la que deben su trabajo y su poder, para que lo ejerzan por el bien común. Así, sin más, por el BIEN COMÚN. Algunas invocaciones a las competencias transferidas, cada vez menos en este caso, afortunadamente, no pueden obviar el hecho de que el EEES y del EEI tienen carácter supranacional, y en función de ese carácter, lo normal es que la coordinación entre las comunidades autónomas sea la garantía previa en la coordinación y en la convergencia europea.
Por el bien común, entonces, se reclama, una vez más, esa Ley Orgánica de las Enseñanzas Artísticas Superiores. Creo que si en algún momento el Ministerio de Educación toma esa senda, a todas luces necesaria y urgente, apoyos no le van a faltar. Como ha mostrado la corta trayectoria del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, el Ministerio cuenta en ese organismo consultivo con interlocutores que obran con rigor, responsabilidad y lealtad, con personas que serían capaces de colaborar abiertamente en el desarrollo de esa Ley, pero sobre todo en su desarrollo y aplicación, que es donde muchas leyes acaban por mostrar sus dificultades. Por eso me atrevo a sugerir al Ministerio coraje y valentía. Nada se puede perder con esa iniciativa y hay mucho que ganar. Entre otras cosas situar las enseñanzas artísticas superiores a nivel europeo. En esta legislatura mejor que en la próxima. Hay tiempo.
Crisis, liberalización y privatización de la actividad teatral
UN DESLIZAMIENTO, UN PREJUICIO Y UN ERROR
Por Alberto Fernández Torres
Al igual que en otros sectores de la actividad económica, culturales o no, la crisis ha generado en el entorno teatral una serie bastante variada de argumentos, hipótesis y estados de opinión. Se han entrecruzado en ella cuestiones de lo más diverso.
Una de ellas es la supuesta constatación de que la crisis no está teniendo efectos negativos sobre la asistencia al teatro, sino incluso al contrario. Bien es verdad que se trata de una constatación que, en el momento de escribir estas líneas, no ha sido sustentada aún públicamente por estadística alguna de fiabilidad y alcance suficientes (lo cual no ha sido óbice para que, al calor de este supuesto fenómeno, se hayan deslizado hipótesis algo temerarias sobre la ausencia de correlación entre renta disponible y asistencia al teatro).
Otras hipótesis, incluso también en ausencia de datos, tienen apariencia de mayor solidez, como es el efecto negativo que la crisis está teniendo sobre la liquidez del sistema teatral por una doble vía: en primer lugar, muchos ayuntamientos -agentes muy relevantes en el terreno de la exhibición- estarían pagando tarde o nunca a las compañías contratadas, produciéndoles así graves problemas de viabilidad económica; en segundo lugar, la contención o reducción de los presupuestos de las tres administraciones públicas -un fenómeno que suelen empezar por los eslabones más débiles, cual es la actividad cultural- estaría dando lugar a un progresivo deterioro del volumen total de recursos destinado a la producción directa, a la programación o a la financiación de la actividad teatral.
Justo es decir que desde el sector privado se han lanzado algunas sugerencias razonables para hacer frente, siquiera parcialmente, a estos últimos problemas, como la posible pignoración de las cantidades adeudadas por los ayuntamientos, la creación de fondos de créditos blandos o de avales, etc. Pero también lo es que, en el calor del debate, se ha arrojado sobre la mesa alguna que otra propuesta que conlleva un censurable deslizamiento: el argumento de que la mejor manera para hacer frente a los efectos de la crisis sobre el teatro sería proceder a la liberalización o privatización del sector.
Prescindamos de momento, por la dictadura de espacio que impone esta sección, de extendernos sobre la peligrosa tendencia que se registra en nuestro sector a considerar -al menos en el uso “normal” de los términos- que privatización y liberalización son la misma o parecida cosa. Aun cuando, por los problemas de espacio que se acaban de aludir, haya que dejar el debate para mejor ocasión, limitémonos a soltar una “boutade”: en términos económicos estrictamente ortodoxos, el sector teatral español está completamente liberalizado, pues no hay en él restricción legal o regulatoria de ningún tipo que impida o dificulte al libre ejercicio de la actividad privada en cualquier de sus vertientes. Lo que sí hay en él es un grado muy elevado de presencia pública, bien por la actividad directa de las tres administraciones, principalmente como agentes productores o exhibidores, bien por su papel como financiadores o programadores de buena parte de la actividad teatral. Se podrá argumentar que, dada la estrechez manifiesta del mercado, esta acentuada presencia pública dificulta o condiciona la entrada de nuevos agentes privados, así como la mayor presencia y actividad de los ya existentes (argumento que, por cierto, se ve fuertemente cuestionado por los hechos en determinados segmentos, como es el caso de la producción). Concedido. Pero seguirá siendo cierto que, al revés que en otros sectores de la vida económica, no existe ningún obstáculo legal o regulatorio para que ello se produzca.
Cosa diferente es el caso de la privatización, terreno en el que hay un amplio margen. Sin embargo, advirtamos que, al menos de momento, lo que se sugiere es más bien una privatización “light”. No una privatización a fondo, como Dios manda: por ejemplo, que los activos tanto materiales como intangibles del Teatro Principal de Zamora o de la Compañía Nacional de Teatro Clásico -son sólo ejemplos, perdón por señalar- sean vendidos a empresarios privados mediante concurso público y previo pago del correspondiente y millonario “justiprecio”. No. Lo que se plantea es una privatización de la gestión parcial o total de los servicios de ese tipo de entidades. En definitiva, no una privatización del capital público, sino de su gestión; lo que es tanto como decir una cesión de negocio público a agentes privados.
No puede haber en ello motivo de escándalo, al menos en términos absolutos. Si los muy liberales bancos han solicitado la inmediata intervención de los poderes públicos para que se les saque de la crisis, los agentes privados del sector teatral están en su derecho de proponer que las administraciones públicas les cedan parte del negocio actualmente existente (la gestión de parte o de todos sus servicios) para paliar así los problemas de liquidez que esas mismas administraciones están generando. Sin embargo, lo que no es de recibo -y de ahí el deslizamiento- es renunciar a plantear la propuesta como una medida paliativa de la crisis que consistiría, insistamos, en una cesión de mercado por parte de las administraciones públicas a los agentes privados y argumentarla en cambio como una solución globalmente deseable en todo momento y lugar, fundamentada en la especie de que la gestión privada de esos servicios conduciría inexorablemente a una mayor calidad, a unos menores costes y a una mayor eficiencia en el suministro de los mismos a los ciudadanos.
De esta forma, el deslizamiento opera sobre la base de un doble prejuicio: ése que asevera que la gestión pública es siempre ineficiente, derrochadora y burocrática, mientras que la gestión privada es siempre eficaz, ágil y rentable. Es seguro que quienes sostienen tal argumento podrán encontrar, fuera y dentro del sistema teatral, abundantes ejemplos que lo ilustran. Pero no lo es menos que la historia, dentro y fuera del teatro, aporta una cantidad probablemente no menor de ejemplos que probarían que la gestión privada suele estar atenta prioritariamente al beneficio empresarial, tiende a primar los objetivos comerciales sobre los culturales, y abandona la actividad cuando vienen mal dadas; mientras que la pública suele poner por delante el interés social, prima la calidad artística por encima de los intereses comerciales, y persevera con peor o mejor fortuna incluso cuando el aire le viene en contra. Seamos serios: no puede sostenerse que los fallos recurrentes de la gestión pública (o privada) son consustanciales a su naturaleza; y que, sin embargo, los que aquejan a la gestión privada (o a la pública) son errores accidentales ajenos a lo más profundo de su esencia. O todos moros, o todos cristianos.
Hay, sin duda, una tercera vía argumentativa, que resulta conciliadora, bienintencionada y hasta razonable: abogar por una solución mixta. Bien está. Pero si admitimos, como parece intelectualmente de rigor, que tanto la gestión pública como la privada conllevan en su propia naturaleza ciertas tendencias centrípetas bastante negativas, habremos de recordar esa vieja conseja que advierte que del cruce de un galgo y un podenco puede salir un impresionante animal con la velocidad del primero y el olfato del segundo; pero también un bicho lamentable con la velocidad del segundo y el olfato del primero (y, si el lector piensa un momento en algunos ejemplos de gestión que se dan en el sector escénico español, verá que, en el fondo, los principios supuestamente públicos y privados se entremezclan desordenadamente más de lo que parece, dando lugar con frecuencia a engendros del segundo tipo citado).
Por último, conviene señalar que ese doble prejuicio es un buen ejemplo de un error conceptual bastante repetido en el medio teatral español: confundir los terrenos de juego con lo que realmente está en juego. Público y privado no son, “strictu sensu” y en el límite, más que dos ámbitos o terrenos de juego en cada uno de los cuales pueden darse buenos y malos ejemplos de buena gestión. Es cierto es que uno y otro conllevan, por su propia naturaleza y estructura, ciertas tendencias favorables y desfavorables que es necesario gestionar en cada caso concreto. Pero pretender que existe una supremacía moral u operativa, de carácter general y absoluto, de uno sobre otro da lugar casi siempre a un debate muy cansino y bastante superado en el terreno económico. Lo importante, lo que está en juego, es conseguir que se desarrolle una gestión eficaz, desde el punto de vista social, cultural y económico, de los recursos finitos que hay en cada uno de los proyectos existentes o posibles en el sistema teatral; que esto se haga mejor desde el ámbito público, privado o mixto, dependerá en cada caso del proyecto concreto, de sus objetivos y de los agentes que hayan de llevarlo a cabo, aplicando las medidas correctoras que sean pertinentes en cada uno de ellos.
En todo caso, en terminología “antigua” (que no vieja), hay que evitar el error de pensar que la contradicción principal se dirime entre los terrenos de juego (público o privado) y no entre lo que está en juego (una gestión bien o mal orientada en lo cultural, lo social y lo económico). Hace 40 años, Sweezy y Bettelheim nos los explicaron muy bien cuando debatieron sobre el plan y el mercado. No caigamos por enésima vez en la contumacia de no querer aprender del pasado.
